Un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La representación legislativa solicitó que la mandataria pida licencia para permitir, sostuvo, el desarrollo imparcial de las indagatorias. La querella incluiría señalamientos sobre posibles irregularidades financieras relacionadas con la empresa Vida Orgánica, así como presuntas operaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos mediante una red de empresas que habría triangulado fondos públicos estatales.
El recurso fue presentado después de las sanciones administrativas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 compañías vinculadas a la estructura operativa de «Los Mayos», facción del Cártel de Sinaloa.
Entre las personas sancionadas figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, señalado por autoridades estadounidenses como presunto operador político en la región. Después de ese informe, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de los involucrados.
Marina del Pilar Ávila Olmeda reiteró que no aparece en las listas del gobierno estadounidense, que su administración no mantendrá contratos con empresas señaladas y que concluirá su periodo constitucional al frente del Ejecutivo estatal.