La administración de Estados Unidos confirmó la cancelación de visados a políticos y servidores públicos sobre quienes exista sospecha de colaboración con el narcotráfico, sin requerir una acusación formal previa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también intensificó las restricciones económicas contra redes de apoyo del crimen organizado. Las medidas contemplan el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para que ciudadanos, residentes y empresas de ese país realicen transacciones financieras o comerciales con personas y empresas fachada vinculadas a grupos delictivos.
Además, se informó que serán bloqueadas empresas con una participación de 50 por ciento o más de personas sancionadas por lavado de dinero o logística.
En materia de decomisos, autoridades federales destacaron el aseguramiento de 27 toneladas de ácido tartárico procedentes de China en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El insumo fue identificado como utilizado en la elaboración de drogas sintéticas.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, detallaron las medidas operativas y financieras. Representantes del gobierno estadounidense reconocieron el despliegue de las fuerzas armadas mexicanas y resaltaron la coordinación bilateral en inteligencia y seguridad pública.