El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la validez constitucional de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral, diseñada para realizar análisis de riesgo sobre posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada u otros ilícitos.
La decisión se tomó de manera unánime a partir de un proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Las magistradas y los magistrados concluyeron que el mecanismo preventivo no vulnera la presunción de inocencia ni impone requisitos extraordinarios de elegibilidad.
El marco aprobado establece que las evaluaciones tienen carácter voluntario, confidencial y no vinculante. Por ello, no condicionan la inscripción formal de las candidaturas, no constituyen causas de inelegibilidad y tampoco representan sanciones penales.
La resolución respondió a una impugnación promovida por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, que señaló posibles vetos indirectos, sospechas públicas e indefensión para las personas evaluadas. La Corte determinó que la herramienta protege los derechos políticos porque requiere el aval explícito de los partidos políticos y de las personas interesadas.
El procedimiento contempla que la comisión reciba las solicitudes aprobadas y solicite dictámenes de riesgo a la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Con los reportes integrados, el INE entregará la información confidencial a los partidos políticos, que decidirán libremente si continúan con el registro de sus candidaturas.