La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, junto con la Fiscalía General de la República, presentó un informe sobre diligencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Entre las líneas de búsqueda se incluyeron intervenciones periciales en la funeraria El Ángel y en un predio contiguo, ambos en Iguala, Guerrero. En esos sitios se procesaron restos óseos que, en una primera fase de contraste genético, no mostraron coincidencia con los jóvenes desaparecidos.

El análisis técnico de las redes de comunicación reportó que al menos tres dispositivos móviles pertenecientes a las víctimas registraron actividad y tráfico de llamadas semanas después de los acontecimientos de septiembre de 2014. El informe indica que esos teléfonos fueron utilizados por particulares y exservidores públicos locales.

En cuanto a las actuaciones judiciales contra elementos de las Fuerzas Armadas, representantes de la Secretaría de Gobernación confirmaron la detención y el procesamiento penal de 17 efectivos militares por su probable responsabilidad individual en los hechos.